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El Estado no puede criminalizar a la mujer que decide abortar

En víspera de la celebración del Día de la Mujer, el Presidente de la Nación dio a conocer la noticia de que habilitaría a sus legisladores que se ponga en tratamiento el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo.

La reacción frente a la noticia fue diversa. Por un lado, estábamos quienes nos alegramos porque después de 12 años se habilitó el tratamiento del proyecto de ley con mayor cantidad de firmas en la Cámara de Diputados, más allá de las diferencias ideológicas o políticas que tengamos con el Gobierno Nacional.

Por el otro, estaban aquellos que no recibieron el anuncio con tanto entusiasmo, por entender que no se trataba más que de una medida distractiva que utiliza la administración nacional para desviar la atención de la situación económica que no mejora y que sigue arrojando a la pobreza a miles de argentinos y argentinas.

Victoria Donda

Independientemente de la utilización política que el Gobierno nacional pretendiera imprimirle al tratamiento del proyecto, lo cierto es que la sentimos como una oportunidad única para poder avanzar en el derecho que tienen las mujeres a la autonomía sobre sus propios cuerpos.

Sumado a ello, es importante destacar que el tema del aborto hoy se haya puesto en discusión no es sólo resultado de un oportunismo político. Ello implicaría desconocer la lucha incesante que desde el regreso de la democracia venimos realizando con el movimiento de mujeres por el reconocimiento de la autonomía de nuestros cuerpos.

Esa lucha de hormiga que las mujeres venimos llevando adelante logró que el tema se imponga en la sociedad argentina de manera inédita y hoy lo estemos discutiendo. Así fue como el aborto se transformó en agenda periodística cotidiana de buena parte de los medios de comunicación.

Debatir sobre aborto legal, implica discutir políticas públicas de sanidad. Implica que el Estado tuvo que asumir que ya había un debate instalado en la sociedad que debía ser atendido con la seriedad que se merecía por quienes asumimos un compromiso de representación legislativa.

Ninguno de los movimientos que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsamos que las mujeres aborten.
En efecto, el lema de la campaña justamente reza: “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

La legalización del aborto es el reconocimiento de que las mujeres abortan aunque esté prohibido y que la inseguridad que deviene de la clandestinidad de la práctica hace que las mujeres, principalmente las más vulneradas socioeconómicamente, mueran en el intento.

El Estado debe acusar recibo de que la Ley de Educación Sexual Integral no se aplica en forma universal y eficiente en las escuelas. Conclusión que surge de los datos estadísticos elaborados por el Movimiento de Mujeres MuMaLá y el instituto de investigación ISEPCI. Según estos trabajos, el 99% de los jóvenes opinan que deben recibir educación sexual integral en las escuelas; el 70% desconoce la Ley de ESI (Educación Sexual Integral); y las y los jóvenes recibieron menos de 2 horas cátedra al año de educación sexual integral durante su secundario.

Como tampoco se cumple en su totalidad la Ley de Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la información sobre los distintos métodos anticonceptivos no siempre es brindada en forma libre, como así tampoco el derecho de las mujeres de elegir el método de cuidado para poder gozar plenamente de su sexualidad.

Por ello, el Estado no puede estar sólo presente al momento de prohibir y criminalizar a la mujer que ha llegado al extremo de tener que recurrir a un aborto porque las instancias anteriores han fallado de alguna manera.

* Victoria Donda es diputada nacional de Libres del Sur por la ciudad de Buenos Aires

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